“Los efectos económicos de la guerra de Ucrania agravarán la actual desaceleración económica a nivel mundial y debilitarán la recuperación de la pandemia del COVID-19”

 Rebeca Grynspan – UNCTAD, marzo de 2022

A un poco más de un mes del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, sus impactos ya se sienten en varios continentes como América Latina y el Caribe, que además no han podido recuperarse de las devastadoras consecuencia de la pandemia de COVID 19.

Los efectos económicos de la pandemia han sido catalogados como los peores después de la Gran Depresión producto de la Segunda Guerra Mundial. Según información del Banco Central del Ecuador, en 2020 las pérdidas totales alcanzaron los 16.300 millones de dólares, lo que representó el 16,6% del Producto Interior Bruto (PIB). Esto significó un retroceso de 7 años en términos de producción e ingresos. Esta situación ha significado que la economía ecuatoriana tenga un decrecimiento del 6,4% del PIB en ese año, lo que podría representar un mayor impacto que el del Feriado Bancario de 1999[1].Este panorama ha afectado de manera devastadora a población el vulnerabilidad, marginada y discriminada, aumentando la pobreza y la pobreza extrema donde se requiere aunar esfuerzos para no desprotegerlas. A la par, los costes de la guerra tienen también un impacto en el gasto público de todo el mundo lo cual ejerce más presión sobre los presupuestos de ayuda, que ya eran bajos.

El FMI ha alertado el 15 de marzo de 2022 que el conflicto representa un gran golpe para la economía mundial. Se ha producido una afectación importante en los mercados de materias primas de todo el mundo lo que ha ocasionado nuevos retrocesos en las ya frágiles cadenas de suministros. Rusia y Ucrania son grandes exportadores de gas, petróleo, metales y granos como el trigo o el maíz, cuyos precios se han disparado a raíz de las fuertes sanciones de Occidente contra Moscú. La subida de productos energéticos y alimenticios afecta a los precios de los productos de la cadena básica, colocando en mayores riesgos a los grupos más vulnerables en todo el mundo.

Sin duda, los efectos económicos de la guerra en Latinoamérica serán significativos y hasta devastadores, según la evolución de los acontecimientos. Los impactos pueden variar algo en función de la situación económica de cada país, pero aquellos que tienen una deuda muy alta pueden sufrir consecuencias mucho más complejas si el conflicto continúa y, por ejemplo, una inflación disparada obliga a subir los tipos de interés de las deudas (FMI, 2022). Así, pese a la distancia, este conflicto también impacta los bolsillos de la población en esta región que sigue siendo la más desigual del mundo.

En julio de 2021, la CEPAL advertía que uno de los grandes frenos al avance económico de América Latina post pandemia es su elevado nivel de deuda externa que la ha convertido en la región más endeudada del mundo con un 56,3% de su PIB, y con un pago por el servicio de deuda que equivale al 59% de sus exportaciones.  De esta manera, las posibilidades de que la región realice avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad serán muy complejas, convirtiendo en utopía la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS).

En el caso de Ecuador, además de las presiones del sobreendeudamiento, el conflicto armado nos coloca ante desafíos adicionales relacionados con su economía primario-exportadora. Por un lado, si bien el aumento del precio del petróleo podría ser una oportunidad y producir un alivio fiscal; este aumento puede venir acompañado de inflación y de bajo crecimiento económico si no se toman las medidas correctas y si el gobierno no prioriza la inversión social y la inversión productiva. Por otro lado, el conflicto le impide al país enviar productos al mercado euroasiático, uno de los más importantes para la economía ecuatoriana. Esta situación pone en jaque al sector productivo, principalmente a las empresas exportadoras que ya han señalado que están experimentado pérdidas de USD 2.5 millones semanales y advierten el riesgo en su sostenibilidad y la pérdida de empleos (El Comercio, marzo 2022).

Del mismo modo, Ecuador enfrentó en los primeros días de inicio del conflicto el drama humanitario del retorno forzado de cientos de estudiantes que cursaban estudios superiores en Ucrania. Ahora que están en el país no tienen claridad sobre su futuro pues no pueden financiar la continuidad de sus estudios por los costos excesivos de la educación privada, y a su vez enfrentan las enormes dificultades para terminar sus carreras en la educación pública.

Tampoco podemos dejar de mencionar que Ecuador experimenta el aumento de las condiciones desfavorables en la población en situación de vulnerabilidad, es decir, aquella que no cuenta con ingresos, que depende del mercado laboral informal, que se encuentra en situación de explotación, sin acceso a sistemas de cuidado y de salud. En estas condiciones no es sorprendente que cada vez más personas jóvenes busquen migrar irregularmente a países del Norte, y deban acceder a mecanismos de afrontamiento de riesgo que los atrapan en redes de narcotráfico y crimen organizado.

En el Ecuador del 2022, la pobreza ha crecido exponencialmente, de casi 18 millones de personas, 35% viven en pobreza, con menos de 2 dólares diarios de ingresos por persona; el 40% de los hogares se encuentran enfrentando inseguridad alimentaria; casi el 8% de niñas y niños han abandonado la educación en el 2022 para trabajar, dedicarse a labores de cuidado no remuneradas y por no tener los medios para continuar la educación virtual. La violencia de género continúa creciendo de forma alarmante, afectando a 7 de cada 10 mujeres; mientras 9 de cada 10 mujeres y personas de género no-binario migrantes reportan enfrentar incidentes de violencia diarios.  En el país, 7 niñas de 10-14 años dan a luz diariamente; y la mortalidad materno-infantil, así como los índices de contagio de ITS y VIH se han incrementado de manera alarmante. Los impactos de la crisis climática y desastres naturales sólo en 2022 han afectado a más de 320,000 personas que han perdido sus seres queridos, sus viviendas y medios de vida en el país. Este contexto de enorme fragilidad para nuestro país nos debería convocar a no perder la visión de los esfuerzos colectivos para promover respuestas sostenibles, estructurales y no dejar a nadie atrás.

El país requiere de mayor cooperación pública y privada, así como apoyo financiero multilateral que incorpore condiciones vinculadas a la redistribución de la riqueza y los ingresos, y atención a graves demandas de población en riesgo-, para que los países más pobres y los países en desarrollo que experimentan enormes desigualdades como Ecuador, puedan reactivarse y resistir los choques financieros y económicos que produce un conflicto como este que parece lejano pero que se siente cada vez más cerca.

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Para preguntas de los medios de comunicación, por favor contacte a Jhoanna Abad, Oficial de Comunicaciones de CARE Ecuador jhoanna.abad@care.org

Portavoz de CARE disponible:

Alexandra Moncada – Directora de País de CARE Ecuador

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[1] En 1999 Ecuador sufrió la mayor crisis financiera y social de su historia reciente a la cual se le denomina el Feriado Bancario. El presidente de la época, Jamil Mahuad, decretó que los bancos suspendan sus servicios y congelen los depósitos.  Las consecuencias fueron terribles: inflación, devaluación, recesión, quiebra y cierre del 70% de instituciones financieras de Ecuador. En el año 1995 la pobreza se situaba en 56%; mientras que, en el año 2000, un año después del Feriado Bancario alcanzó el 69% (Larrea, C. 2009). En el caso de las principales ciudades del país, como Quito, Guayaquil y Cuenca, se registró entre marzo de 1998 y mayo del 2000 un aumento del desempleo del 8 al 17% (Larrea, C. 2009). También aumentaron las muertes, suicidios y se produjo la mayor ola migratoria de la historia del país. 47% de los niños y niñas se quedaron sin uno de sus padres o sin un familiar cercano (Observatorio Anticorrupción Ecuador). El costo total del salvataje bancario ascendió a 8000 millones de dólares y el Estado asumió los costos, transmitiéndolos a la población a través de diversos mecanismos, entre ellos, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios. Ecuador perdió su moneda “el sucre”, pues en enero del 2000 el país se dolarizó a una paridad de 25.000 sucres por dólar. Por lo cual, quienes tenían ahorros “congelados” en sucres, recuperaron sólo una quinta parte (Memoria Crisis Bancaria).