2022: Pandemias, Derechos Humanos y Esperanza.

El confinamiento ha causado estragos, las mujeres continúan sufriendo discriminación y violencia, convirtiéndose en una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, persistentes, devastadoras y pandémicas del mundo.

CARE Ecuador | 28 de Marzo de 2022

La descomunal pandemia que flagela al planeta, provocada por el Covid-19, devela algo más que una emergencia global sanitaria y económica. Se vislumbra las grandes desigualdades, intereses mezquinos y otras pandemias que, interpelan intensamente a la humanidad y hace imprescindible la edificación de un nuevo orden internacional.

Para el 2022, la recuperación económica se enfrenta a importantes desafíos debido a las nuevas oleadas de infecciones por covid-19. Los problemas del mercado laboral, insuficientes en términos de cantidad y calidad; los persistentes problemas de la cadena de suministro; las crecientes presiones inflacionistas; las políticas individualistas de algunos Estados y los conflictos violentos alrededor del planeta harán que el crecimiento de la economía se mantenga muy por debajo de los años anteriores a la pandemia.

La economía mundial crecerá un 4% en el 2022 y 3,5% en el 2023 después de haber alcanzado un 5,5% en el 2021, según el informe de las Naciones Unidas sobre la situación y las perspectivas de la economía global.

En América Latina y el Caribe, se prevé que el crecimiento del PIB sea del 2,2% en el 2022 frente al 6,5% alcanzado en el 2021. Tras la recuperación económica del año pasado, la región se enfrenta a un panorama complejo para 2022 y 2023. En Sudamérica, se prevé que el crecimiento del PIB alcance tan sólo el 1,6% este año , según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

Pero esta crisis no se trata de algo específico vinculado a la salud o a la economía, es una problemática colectiva multicausal y estructural que ha puesto en riesgo derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales.

El confinamiento ha causado estragos, las mujeres continúan sufriendo discriminación y violencia, convirtiéndose en una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, persistentes, devastadoras y pandémicas del mundo. Ocurre en todos los países y dentro de todas las sociedades. En los hogares, las escuelas, las calles, los lugares de trabajo, en Internet, en escenarios de guerra y también en periodos de paz, ocurre cada día.

Persisten las pandemias de la violencia y conflictos geopolíticos en múltiples sectores del planeta que no queremos reconocer. Sólo como ejemplos, en Kazajistán cuerpos de seguridad arremeten contra manifestantes, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y partidos políticos, causando víctimas mortales. En Afganistán, se teme una pobreza aguda generalizada debido a las sanciones internacionales impuestas por las políticas restrictivas de derechos implementados por los talibanes principalmente hacia las mujeres y niñas y los miles de refugiados afganos tras el término de una guerra de 20 años. Los ataques aéreos en Yemen por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita, dejan muertos entre ellos mujeres y niños. Permanecen las detenciones arbitrarias sin juicio y la tortura perpetrada en la base militar de Guantánamo. En Colombia, las amenazas y asesinatos a defensores de derechos humanos y a la población, genera el aumento de personas confinadas y desplazadas.

La pandemia de la exclusión y xenofobia se extiende con el endurecimiento de posiciones estatales de tratar a los flujos migratorios como un problema de seguridad y defensa, tal como pretende la Unión Europea y Norteamérica, relegando incluso la protección del derecho al asilo y refugio.

Según la OIM, para el 2020 existían alrededor de 281 millones de migrantes internacionales en el planeta. Sin embargo, en los últimos dos años han ocurrido importantes eventos de migración y desplazamiento debido a desastres climáticos, conflictos violentos y una grave inestabilidad económica y política. El ACNUR, reporta que, a mediados del 2021, la cifra solo de desplazamientos forzados en todo el mundo superaba los 84 millones de personas.

En América, se evidencia el aumento significativo de la circulación migratoria de personas provenientes de República Dominicana, Haití, Cuba, México, Centro América, Venezuela, Ecuador, entre otros, donde se han registrado miles de muertes y desapariciones en el último año.

Se mantiene la diáspora sin precedentes de población venezolana, hacia países de Sudamérica, entre ellos el Ecuador, donde cientos de miles de venezolanos permanecen en condiciones extremadamente difíciles sin ningún tipo de documentación o permiso para permanecer regularmente y, por lo tanto, sin acceso a derechos. La falta de documentación y permisos adecuados hacen que esta población sea más vulnerable a la explotación laboral, sexual, la trata, violencia, discriminación y xenofobia, generando un gran reto para el estado ecuatoriano y de sensibilidad y empatía para las comunidades de acogida.

Adicionalmente, Ecuador enfrenta más pandemias en materia de derechos humanos: instituciones gubernamentales débiles; la compleja situación de los centros de privación de libertad; la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política en el poder judicial; la interferencia en la designación de autoridades de control; la violencia contra las mujeres y población LGBTIQ+; el aumento de la pobreza y la pobreza extrema; la delincuencia organizada y el narcotráfico; las restricciones significativas en el acceso de mujeres y niñas, al derecho a la salud sexual y reproductiva; la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; la regresividad de derechos laborales; el aumento de la desnutrición crónica infantil; el cambio climático y el aumento del extractivismo; entre otras.

Ecuador, al igual que la mayoría de países del mundo, ratificó su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y declaró la Agenda 2030 como política pública. Esto implica que todas las funciones el Estado tienen la responsabilidad de implementar los ODS en sus agendas de trabajo de manera prioritaria. A nivel local, los gobiernos autónomos descentralizados requieren articular su planificación para el cumplimiento de esta agenda global.

Igualmente, el sector privado, la sociedad civil y la academia somos parte de este compromiso nacional. Y es bajo esa premisa, que debemos recorrer juntos hacia objetivos comunes para asegurar la igualdad de oportunidades y una vida digna para todas las personas, con decisión y esperanza.

Debemos pensar la crisis social, migratoria, sanitaria, climática, financiera y económica a partir y en función de las personas y grupos más vulnerables. Debemos enfocar la pobreza desde su alcance multidireccional.

Nos corresponde, incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas impulsadas por el Estado y la sociedad civil, destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en todos los ámbitos, con el deber de concentrar la “debida diligencia” respecto al derecho de las mujeres y población LGBTIQ+ a vivir una vida libre de violencia. Adoptar todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual, disponiendo de mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar la atención para las víctimas.

La supuesta disyuntiva de salvar la economía o proteger la salud en la pandemia es un engañoso dilema. Los esfuerzos deben encaminarse a preservar los derechos humanos, entre ellos el de la salud y la vida, y paralelamente procurar que el sistema económico y financiero se repare de modo gradual, por lo que es trascendental invertir en salud y la protección social como una inversión en capital humano, desarrollo social y económico y el empoderamiento de todas las personas. La pandemia no solo es una crisis económica y social, sino también una crisis humana que corre el riesgo de convertirse en una crisis de derechos humanos. 

Tenemos la esperanza que se conciba las regularizaciones migratorias anunciadas por el gobierno ecuatoriano como correcciones a los desajustes de las políticas de control y seguridad, y se conviertan en una oportunidad de integración y protección de derechos, y sean un medio de lucha contra la irregularidad, se sumen más contribuyentes, más fuerza laboral en condiciones justas y por ende más desarrollo a la comunidad.

Tenemos la esperanza de que se aprenda de las experiencias históricas de otros países como Alemania con casi 2 millones de regularizaciones, Grecia con un millón, Italia con más de 600 mil, Luxemburgo con un millón, Países Bajos o Francia. O Ecuador, que a principios del milenio abrió una moratoria para regularizar a más de 150 mil colombianos en la frontera norte.

Tenemos que adecuarnos y reeducarnos a la “nueva realidad”, pues es trascendental convertir esta tremenda crisis en una oportunidad hacia el futuro con esperanza.

Nos enfrentamos a un reto descomunal de magnitud sistémica que, como tal, requiere y reclama esfuerzos plurales. Nadie se salvará solo. De hecho, estas pandemias desafían e interpelan a toda la humanidad, donde el acaparamiento, nacionalismos y diplomacia han fracasado. Esta nueva realidad nos presenta un reto, una nueva esperanza para encontrar una forma equitativa y universal de abordar las pandemias o todos seremos víctimas de ellas.

El año 2022 será un año con desafíos poniendo a prueba nuestras esperanzas en el futuro. Las crisis se superponen una sobre otra y pocos se atreven a aventurar cuánto nos queda para llegar. Solo así podemos construir como sociedad un puente sólido entre nuestro pasado trágico hacia la ampliación de derechos humanos del presente y del futuro. Hacia allá vamos. Con la misma empatía y responsabilidad de siempre, equipados de nuevas herramientas, aprendizajes y esperanzas.

Wilfrido Acuña,

Oficial de Incidencia, CARE Ecuador

Enero 2022