La Eterna Pandemia

Frente a las alarmantes cifras y a los esfuerzos realizados por el Estado, se devela en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días de activismo, que la violencia basada en género cruelmente es lo más democrático que nos sucede a las mujeres, niñas y adolescentes.

Paola Mera Zambrano | Coordinadora del Programa  Sociedades inclusivas e interculturales CARE Ecuador

25 de Noviembre de 2021

La violencia basada en género se manifiesta por la existencia de relaciones de poder desiguales, en donde la supremacía de lo masculino desvaloriza lo femenino y establece formas de control expresadas en distintos tipos de violencia. En muchas sociedades es una práctica que se encuentra naturalizada en las relaciones sociales, que no distingue edad, pertenencia étnica, racial, condición socioeconómica, condición física, estado integral de salud, condición migratoria e identidad sexo-genérica.

Históricamente las mujeres han luchado contra la violencia basada en género que se ejerce sobre ellas por el solo hecho de serlo. En América Latina y el Caribe, la violencia contra las mujeres se la consideraba como un asunto privado, en el cual el Estado no debía interferir y poco trascendía la magnitud del problema, por ende, no se lo consideraba como un tema para ser tratado a nivel de normativa y política pública; Ecuador no fue la excepción.

Por la acción de la lucha de las mujeres, en los años ochenta en Ecuador se empieza a visibilizar la violencia como un problema de salud pública y se logra que se tenga un tratamiento a nivel político. La visibilidad se acentúo más cuando el Ecuador firma la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en julio de 1980 y la ratifica en noviembre del 1981. Más tarde, Ecuador se adhiere a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará (enero de 1995) y suscribe la Plataforma de Acción de Beijing (1995).

De la mano con los compromisos firmados en la agenda internacional, el Ecuador tiene también un recorrido histórico en la erradicación de la violencia de género, en cuanto a plantear esfuerzos para la atención especializada a víctimas, así como la sanción de situaciones de violencia, tales como: la Ley 103 ; el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, la cual fue una política nacional por 10 años; desde el 2018 se cuenta con la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, acompañado de un nuevo plan para la erradicación de la violencia desde el 2020. Recientemente inició la implementación de la iniciativa Spotlight, financiada por la Unión Europea, ejecutada por varias agencias de Naciones Unidas para fortalecer el accionar del Estado en materia de poner fin a la violencia basada en género, especialmente el femicidio.

Esta problemática, la cual la Organización Mundial de la Salud acertadamente la declaró como una “pandemia”, es la primera causa de muerte en la región de mujeres y niñas entre 14 y 44 años, siendo el espacio privado uno de los lugares más inseguros para ellas. En Ecuador, las cifras oficiales sobre VBG (INEC, 2019), nos revela que 65 de cada 100 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia a lo largo de nuestras vidas.

A pesar de ello, las cifras sobre casos de violencia, femicidios y muertes violentas contra niñas, adolescentes mujeres y personas de la diversidad sexo genérica, siguen al alza. De acuerdo con los datos de las organizaciones de mujeres y feministas, desde enero de 2014 hasta junio de 2021 se han reportado 1022 femicidios, 172 muertes violentas, incluido 7 transfemicidios (Geografía Crítica). Este ultimos año ha sido el más violento para mujeres y niñas desde que se tipificó el femicidio en Ecuador

En cuanto a niñas y adolescentes, el Análisis Rápido de Género desarrollado por CARE, en consorcio con el PMA, Plan International y World Vision, menciona que de las adolescentes consultadas, de 15 a 17 años de edad, un tercio ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. La cifra es mayor (45%) y es particularmente severa entre las niñas menores de 14 años según la Encuesta ENVIGMU, 2019. “Solo entre 2015 y 2017 hubo 718 casos denunciados de violación sexual contra niñas menores de 10 años” (Coalición MPSN-CRR-MEGECI, 2021). Gran parte de estos casos ocurren en el sistema educativo. Entre 2015 y el 2017, el MINEDUC registró alrededor de 4000 casos, que representan el 17% del total de casos de abuso sexual de niñas y niños denunciados.

Frente a las alarmantes cifras y a los esfuerzos realizados por el Estado, se devela en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días de activismo, que la violencia basada en género cruelmente es lo más democrático que nos sucede a las mujeres, niñas y adolescentes. Lamentablemente, esta pandemia eternizada en los cuerpos de las mujeres y personas feminizadas se ha exacerbado por la presencia de otra pandemia de índole sanitaria (COVID-19), la cual viene acompañada por una crisis económica, social y de cuidados a nivel nacional y mundial.

Es por ello que, la conmemoración del 25 de noviembre para este año, la debemos plantear bajo un nuevo orden paradigmático, que no nos vuelque y nos encasille nuevamente en una normalidad violenta, desigual y discriminatoria basada en género, sino más bien, proclamando que es hora de atender la VBG, como un problema social sistémico que atraviesa todos los sectores de la vida y está conformado por normas sociales patriarcales, relaciones desiguales, leyes discriminatorias e instituciones insensibles, tal como lo plantea la Estrategia para ponerle Fin a la Violencia basada en Género de CARE a nivel internacional.

Quienes conformamos CARE, nos empeñamos en trabajar por la justicia social, y sabemos que ésta solo llegará, poniendo en el centro de nuestro accionar a mujeres y niñas, vinculando todas sus acciones hacia la igualdad de género y poniendo fin a la violencia basada en género. También sabemos que ningún esfuerzo será suficiente si todos los actores (Estado, cooperación internacional, sociedad civil, sector privado) no toman la decisión firme parar prevenir y erradicar la violencia machista y sobretodo asignan el presupuesto adecuado para las distintas acciones urgentes que requiere el país, en deuda con las mujeres y niñas.

¡Que este 25 de noviembre y los 16 días de activismo sean, entonces, el espacio para juntarnos y seguir apostando en un trabajo colaborativo por una sociedad más equitativa, más justa, más solidaria, sorora y libre de todo tipo de violencia basada en género!