SOLIDARIDAD, DERECHOS, PARTICIPACION Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

Las infecciones por el VIH evidencian y profundizan las desigualdades sociales, económicas, la pobreza, el estigma y la discriminación. Son además reflejo de la persistencia de la violencia basada en las diferencias de sexo y de género y en un patrón de comportamiento hetero-normativo, que discrimina y margina a las diferentes formas de vivir la sexualidad, la vida sexual y las identidades sexo-genéricas diversas. Son resultado de la falta de oportunidades para el desarrollo personal y las limitaciones para acceder a educación, incluída la educación sexual integral.
Esta pandemia, presente a nivel mundial desde la década de los 80, ha matado hasta la fecha entre 25 y 35 millones de personas, y no se ha logrado eliminar. El estado y la sociedad en su conjunto debemos comprometernos por lograr igualdad de oportunidades para todas, todos y todes; por proteger y avanzar a la vigencia plena de los derechos humanos de las poblaciones clave, vulnerables o afectadas por la epidemia de VIH-Sida, de las personas viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana y por alcanzar la igualdad de género. En Ecuador, hasta el año 2019, existían 46.206 personas viviendo con VIH, 577 mujeres embarazadas fueron diagnosticas VIH+, y diez niños y niñas recién nacidos fueron positivos. En promedio, cada año se reportan 4.000 casos nuevos de VIH. La población joven es la más afectada y las poblaciones LGBTIQ+, especialmente los hombres que tienen sexo con hombres, las personas trans femeninas, y quienes ejercen trabajo sexual, están más expuestas al riesgo de infección del virus. Además, las mujeres en edad reproductiva, especialmente las mujeres en riesgo o sobrevivientes de violencia basada en género y las mujeres embarazadas, también están expuestas al riesgo.

El estado ecuatoriano ha enmarcado sus políticas nacionales y sectoriales para el abordaje del VIH, en los acuerdos y compromisos internacionales para acabar con la epidemia, y en normativas nacionales desarrolladas en el ámbito de educación y laboral. Se ha comprometido en mejorar el acceso a los servicios de educación sexual integral y reducción de daños, en reforzar la atención en salud a las mujeres, a las personas jóvenes, adolescentes y a las poblaciones clave, incluidos los hombres que tienen sexo con hombres, personas que ejercen trabajo sexual, las personas que se inyectan drogas, personas transgénero, personas privadas de libertad, así como personas en situación de movilidad humana; y también se comprometió en eliminar la transmisión materno infantil del VIH.

En Ecuador, muchas personas viviendo con VIH, vulnerables o afectadas por la epidemia, viven en condiciones de pobreza; especialmente la población LGBTIQ+ y las personas que ejercen trabajo sexual, siguen siendo discriminadas, marginadas, en diferentes espacios y servicios, incluyendo aquellos llamados a proteger sus derechos. Su situación se profundizó con la pandemia de la COVID-19. Las personas forzadas a migrar y refugiados, también se encuentran expuestas a un conjunto de factores socioculturales, económicos y ambientales que los hacen más vulnerables al VIH, entre ellos la distribución inequitativa de recursos, el desempleo, la inestabilidad socioeconómica y la xenofobia.

Las medidas implementadas por el gobierno nacional del Ecuador, para controlar la pandemia de COVID-19 y la reactivación; no han considerado las necesidades de las poblaciones más vulnerables o afectadas por la epidemia del VIH y el SIDA. En los meses más críticos de la pandemia de COVID-19, se interrumpieron las acciones de prevención de salud sexual y de salud reproductiva, la entrega de preservativos y lubricantes, la educación e información a la población en mayor riesgo frente al VIH, el acceso oportuno al diagnóstico y para el inicio de tratamiento ARV. Además, las medidas de cuarentena y aislamiento social limitaron la posibilidad de trabajo, especialmente en el sector autónomo, donde labora gran cantidad de personas de los grupos de más riesgo de infección de VIH. Miles han visto reducidos sus ingresos, han sido desalojados de sitios que solían arrendar por falta de pago, enfrentan inseguridad alimentaria y no pueden costear los cuidados de prevención de VIH y de COVID-19.

CARE exhorta al Estado ecuatoriano a fortalecer la respuesta integral, multisectorial, con la ejecución de estrategias y planes financiados y articulados a nivel nacional e intersectorial centrados en los derechos humanos, que incluya al sector salud, la atención de la salud sexual y salud reproductiva, trascendiendo el enfoque biomédico; atención de la violencia basada en género, educación; y a otros sectores como la administración de justicia, protección laboral, protección social. La igualdad de género y la potenciación de la mujer son elementos fundamentales para que las mujeres y las niñas sean menos vulnerables al VIH.

Es necesario fortalecer la actoría y la participación de las poblaciones clave y vulnerables; afectadas o viviendo con VIH, en el diseño de programas para su atención en salud, inclusión económica, educativa, y para la vigencia de sus derechos humanos.
La Salud es un derecho humano. Por tanto, es compromiso primordial del Estado, declarado en los instrumentos internacionales, tomar el liderazgo en la respuesta al VIH con la participación plena y activa de la sociedad civil, los círculos empresariales y el sector privado para combatir el estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave, vulnerables o personas viviendo con el VIH y erradicar la violencia basada en las diferencias de sexo y de género. Sólo así, se podrá avanzar hacia la superación de las desigualdades y de la pobreza.

“La COVID-19 nos ha demostrado que, en tiempos de pandemia, nadie está a salvo hasta que todos estamos a salvo. Dejar a alguien atrás no es una opción cuando lo que queremos es alcanzar el éxito. Para acabar con las pandemias del VIH y de la COVID-19, coincidentes en el tiempo, es clave eliminar el estigma y la discriminación, poner a las personas en el centro de la pandemia, basar nuestras respuestas en los derechos humanos y adoptar enfoques con perspectiva de género.” ONUSIDA, 2020  

CARE saluda a la población viviendo con VIH y a sus representantes, a las personas LGBTIQ+, a las personas vulnerables o afectadas por este virus, a organizaciones de la sociedad civil, que permanentemente trabajan por combatir el estigma, la discriminación y la violencia, por la superación de la pobreza y ratifica su compromiso con la construcción de una sociedad con mayores oportunidades y comprometida con la igualdad de todos-todas-todes.

CERO TOLERANCIA A LA DISCRIMINACION, AL ESTIGMA Y A LA VIOLENCIA